ASPPRO realiza taller sobre procesos legales y la complejidad de Ley Promesa

FOTO: Ilian Morales / Buró 2018

Por Julissa Rodríguez   /  Buró 2018

La Asociación de Periodistas de Puerto Rico, como parte de su programa de mejoramiento profesional, realizó un taller de procedimiento legal en el cual el abogado Hugo Rodríguez analizó las disposiciones de la llamada Junta Supervisora Fiscal (Ley Promesa) y los cuestionamientos constitucionales a esa entidad por parte de grupos cívicos, organizaciones insulares y el propio gobierno de Puerto Rico.

Rodríguez, consultor legal de ASPPRO dilucidó sobre la complejidad de retar imposiciones de la JSF bajo la Ley de Relaciones Federales.

El abogado conferenciante Hugo Rodríguez.          FOTO: Ilian Morales

“Es cuesta arriba cuestionar la facultad del Congreso para imponer la Junta,” afirmó el letrado.

Indicó que Puerto Rico se presenta una doble esfera legal, es decir, el país funciona a la vez con las leyes de Estados Unidos y con las de la Constitución del Estado Libre Asociado, pero, por su condición de territorio, no aplican todos los estatutos federales protectores.

Durante el taller el letrado dilucidó además conceptos de deberes discrecionales y ministeriales de los funcionarios públicos, instancias de los tribunales con sus etapas de apelación de casos civiles y criminales, así como los recursos ordinarios y extraordinarios a disposición de los ciudadanos enfrascados en un proceso de juicio.

El seminario de unas cuatro horas de duración se llevó a cabo en el Archivo General de Puerro Rico, en Puerta de Tierra, sede de ASPPRO y durante el cual se habló sobre los cuestionamientos a los derechos constitucionales que regularmente cubren los periodistas, incluyendo la supremacía de leyes federales que entran en conflicto con la Constitución del ELA.

“Algunos planteamientos constitucionales frecuentes son el derecho a la libertad de expresión, derecho a la intimidad, la auto-incriminacion, igual protección de leyes, derecho a la vida y propiedad, juicio, fianza, reunión publica, libertad para organizarse y libertad de culto”,  dijo Rodríguez durante el taller.

Unos 20 periodistas, estudiantes de comunicación y ciudadanos interesados estuvieron entre el publico asistente. Durante el seminario Rodríguez repartió una glosario de términos legales usados en los procedimientos legales en Puerto Rico.

Enumeró las jurisdicciones de los distintos tribunales y las diferentes etapas de las instancias del proceso civil, como los son casos de pericia medica, laboral o de familia y de propiedad.

“Las etapas del caso civil comienzan todos con alegaciones y una demanda… emplazamientos que abren el debido proceso de ley.  El emplazamiento le da autoridad jurisdiccional al tribunal sobre la persona jurídica para comenzar el proceso judicial,” explicó el letrado.

Estos procesos incluyen instancias de reconvención o contrademanda, demanda a la contraparte y el añadir co-demandados, lo que se traduce en demandas contra terceros.

Rodríguez expuso que llevar casos a un tribunal requiere “standing legal”, es decir, legitimación para un reclamo mediante un proceso judicial. De o contrario,  el pleito es rechazado por el tribunal en cualquiera de las jurisdicciones desde el Municipal, Superior el Apelativo o Supremo.

Los procesos, aseveró, incluyen pleitos de clase cuando se agrupan demandantes con reclamos similares a través de perjudicados representativos, todo los cuales buscan un daño remediable similar. Sin embargo, es el tribunal quien certifica si el caso es de clase o no.

Al explicar los procesos en casos civiles, Rodríguez, quien es del bufete “Legal HRD” en Bayamón, incluyen descubrimiento de prueba para presentar al tribunal evidencias de las partes.

“A los tribunales no les gustan las sorpresas y [previo al juicio] se examinan las alegaciones de la partes… Se hacen interrogatorios, se documenta el caso y procuran deposiciones”, dijo Rodríguez.

Para mover el pleito hacia adelante, el tribunal requiere mociones informativas de las gestiones periciales que se hacen en cada paso.

“Se llega así a la etapa de conferencia con antelación al juicio que es ya para determinar que el caso es válido o determinar si no hay que ir a juicio,” comentó al señalar que en esa instancia el tribunal puede dictar o no una sentencia sumaria. En la conferencia hay que anunciar todas las pruebas de preferencia a usarse en el juicio, incluyendo los nombres de testigos.

En casos de procedimiento criminal, se requiere primero la intervención de las fuerzas de seguridad del Estado para iniciar el proceso y se prepara una documento que se llama sumario fiscal, el cual es confidencial, para un proceso conocido en jerga legal como Regla 6.

“Si es delito menos grave se pasa a juicio, si es grave se pasa a una vista preliminar para recopilación de pruebas de manera más formal…En esa etapa debe haber asistencia legal para el imputado… Si no hay causa, el fiscal puede ir en alzada ante un nuevo juez. No es una apelación sino solicitar una nueva vista preliminar. Si de nuevo no hay causa, el caso se acaba en esa etapa”, instruyó Rodríguez.

Indicó que si hay causa por un delito grave,  la denuncia se convierte en manos del fiscal en un pliego acusatorio, procede una lectura de acusación, se establece fianza y el acusado tiene derecho a radicar una serie de mociones para descubrimiento de pruebas exculpatorias, testimonios de reputación, supresión de evidencia y para cuestionar las garantías de confiabilidad.

Defensas típicas como las “coartadas” hay que anunciarlas con tiempo para darle plazo a la fiscalía de verificar las alegaciones de la defensa. Finalmente, Rodríguez señaló que los casos simples se pueden ver por Derecho con un juez y los graves por jurado.

“El peso de la prueba recae siempre sobre el fiscal para probar culpabilidad. En esa etapa puede surgir una absolución perentoria, es decir de inmediato, en el acto”, afirmó Rodríguez.

Los fallos de jueces o los veredictos de jurados, no son apelables si son por absolución de cargos, pero sí cuando lo son culpatorios.

Los pedidos de reconsideración incluyen la apelación, revisión judicial en forma de certiorari –pedido discrecional para mover un caso de un tribunal al otro, por ejemplo– o recursos extraordinarios que incluyen un cese y un desista (injunction) preliminar, inmediato, provisional o permanente. Otro es el mandamus que es revisión extraordinario para ordenar a un funcionario a cumplir con su deber ministerial o discrecional. O un habeas corpus para exigir se atienda el caso sin mayor dilación.

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Rafael Matos
Rafael Matos

Director y diseñador de contenidos del Buró de noticias desde su creación en 2013.